Julian Assange, fundador de Wikileaks, está detenido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, a causa de una petición de extradición presentada por EEUU, debida a la publicación de documentos a los que tuvo acceso por su trabajo en Wikileaks. Está acusado de divulgar documentos secretos, que entre otras cosas informaban de posibles crímenes de guerra cometidos por el ejército de EEUU. Para Amnistía Internacional, esta actividad es un reflejo del trabajo que de forma habitual realizan los periodistas de investigación en el ejercicio de su profesión, y no debería castigarse. La persecución de Julian Assange equivale a un ataque a la libertad de expresión.
Amnistía Internacional se opone a cualquier posibilidad de que Julian Assange sea extraditado o trasladado de cualquier otra forma a EEUU, donde estaría seriamente expuesto a sufrir violaciones de los derechos humanos, incluidas unas posibles condiciones de detención que podrían equivaler a la tortura o los malos tratos, como la reclusión prolongada en solitario. El hecho de haber sido objeto de una campaña pública negativa por parte de las máximas autoridades estadounidenses menoscaba su derecho a la presunción de inocencia y conlleva un riesgo de juicio injusto.
Para Amnistía Internacional, juzgar a Julian Assange por su trabajo de investigación tendría un efecto amedrentador sobre los profesionales de los medios de comunicación y quienes denuncian actuaciones gubernamentales indebidas y publican información procedente de fuentes creíbles. A su vez, ello afectaría el derecho de la ciudadanía a saber qué hacen sus gobiernos. Por todo ello, Amnistía Internacional pide que se retiren los cargos de espionaje y otros cargos conexos contra Julian Assange derivados de sus actividades periodísticas y de investigación.
