El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno español a la Comisión Europea contempla diversas medidas. Entre ellas, la posibilidad de implantar un “mecanismo de pago” por el uso de la red estatal de carreteras de alta capacidad, en otras palabras, cobrar un “peaje” a quien use las principales carreteras del país. Según los datos de que se dispone:
- Esta medida se abordaría a partir de 2024.
- Se centra en principio en autovías y autopistas, que suponen 12.000 km de la red de carreteras. Y paulatinamente se irían incluyendo todas las carreteras nacionales.
- El pago es para todos: conductores particulares y transportistas profesionales.
Peajes en autovías: una medida recaudatoria
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se muestra decididamente contraria a la imposición de un peaje generalizado en todas las carreteras.
Para OCU, esta medida, propuesta unilateralmente por el Gobierno, sin consenso ni diálogo con los sectores implicados, con los usuarios y con las demás fuerzas políticas, responde únicamente al afán recaudatorio.
Ya estamos pagando
Los consumidores ya pagan impuestos por circular con sus vehículos:
- Se paga el impuesto municipal de circulación.
- Se abona el impuesto de los hidrocarburos, que ya grava la circulación y el mantenimiento de las autovías, haciendo que quien más transite, más pague.
Los expertos de OCU estiman que un coche de gasolina ya abona unos 5 euros a los 100 km entre impuesto de hidrocarburos, IVA…
Además, de implantarse un peaje generalizado, los usuarios se verán afectados por el encarecimiento del transporte y la subida de los precios de los productos transportados por carretera, pues el aumento de los costes les repercutirá directa o indirectamente sobre los consumidores. Al final, es un triple gravamen el que recae en los hombros de los ciudadanos.
Urge un debate social sobre el tema
OCU se opone a esta propuesta, al tiempo que exige un debate social de todas las partes implicadas, incluidos los consumidores del que salga un modelo justo de financiación de las infraestructuras de transporte por carretera que garantice su funcionamiento. La importancia de estas medidas, y el coste real que tienen para los usuarios justifican por si solos la necesidad de debatir estas propuestas.
