PP y Vox amenazan con interferir en el derecho de las mujeres al aborto. Un derecho que sólo pone en duda el fundamentalismo religioso que cogobierna actualmente la Junta de Castilla y León. Las informaciones de los últimos días han sido confusas, como viene siendo habitual desde que hace casi un año se conformase la coalición de la extrema derecha con la derecha extrema en nuestra Comunidad. El vicepresidente sin funciones anuncia públicamente medidas que luego niega el presidente.
En el penúltimo caso de descoordinación y agenda retrógrada, García Gallardo anunció que obligarían a las mujeres que decidieran abortar a realizarse ecografías, obligación que sería ilegal, a la vez que reconocía que “no sabe mucho de embarazos”. A las pocas horas salió el consejero de Sanidad a negar que se hubiera alcanzado tal acuerdo, a lo que respondió el vicepresidente reafirmándose en su anuncio. En el día de ayer, el presidente de la Junta de Castilla y León compareció ante los medios sin aceptar preguntas de periodistas y retorciendo las palabras de forma que negó la aplicación de las medidas antiabortistas porque supondrían unas “coacciones directa e indirectas a la mujer embarazada”, al mismo tiempo que anunció que mantendrá dichas medidas antiabortistas vendiéndolas como una “mejora y modernización” de los servicios. No sólo eso, también acusó al Gobierno central de “intentar sacar rédito político” de esta situación y de “utilizar a las mujeres embarazadas para hacer oposición a la Junta de Castilla y León”.
La ya manida costumbre de la ultraderecha de lanzar la piedra para, inmediatamente después, hacerse la víctima.
Cabe destacar que la presidenta del Defensor del Paciente ha exigido por carta al presidente de la Junta la dimisión de García-Gallardo por sus continuos ataques a los derechos de las mujeres. Es un hecho demostrado por continuas evidencias, recogidas incluso por los medios de comunicación a lo largo de la presente legislatura, que este no es un gobierno funcional y que su falta de preparación y moderación perjudica gravemente a los derechos y a los servicios básicos de los habitantes de nuestra Comunidad.
Son motivos suficientes para exigir la expulsión de Vox del Gobierno autonómico y la formación de un nuevo Gobierno que aúne las mayorías parlamentarias suficientes y trabaje a destajo para sacar a nuestra Comunidad del estado de descomposición en el que se encuentra. Por último, no debemos perder de vista que el destrozo político y social que está provocando el presente Gobierno de Vox y PP, la extrema derecha y la derecha extrema, es un ejemplo claro de lo que supondría un gobierno municipal de PP y Vox en los municipios de la provincia o en la Diputación.
